El derecho disciplinario es la rama del derecho público que regula la conducta de los servidores públicos, estableciendo sus deberes, faltas y sanciones. Su finalidad es asegurar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan con moralidad, eficiencia y responsabilidad, protegiendo así el interés general.
En Colombia, este régimen se encuentra regulado principalmente por la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y por la Ley 1952 de 2019 (Nuevo Código General Disciplinario), que refuerza las garantías procesales y actualiza el marco normativo.
Garantizar la moralidad en el ejercicio de la función pública.
Promover la eficiencia y eficacia de los servidores del Estado.
Prevenir y sancionar conductas que afecten la confianza ciudadana.
Ley 734 de 2002: Regula las conductas disciplinables, procedimientos y sanciones.
Ley 1952 de 2019: Moderniza el sistema disciplinario, fortalece el debido proceso y la presunción de inocencia.
Leyes complementarias: Regulan temas como la corrupción, el abuso de autoridad y el control interno disciplinario.
Deberes y obligaciones del servidor público: lealtad, integridad, responsabilidad, obediencia.
Faltas disciplinarias: Clasificadas como gravísimas, graves o leves.
Sanciones: Suspensión, destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Procedimiento disciplinario: Investigación, formulación de cargos, descargos, fallo y ejecución de la sanción.
Legalidad: Solo se sancionan las conductas previamente descritas en la ley.
Culpabilidad: Toda sanción debe estar fundada en responsabilidad demostrada.
Proporcionalidad: La sanción debe ajustarse a la gravedad de la falta.
Debido proceso y derecho a la defensa: Toda persona investigada tiene derecho a ser oída y representada.
Inasistencia injustificada al trabajo
Incumplimiento de deberes funcionales
Actos de corrupción o abuso de autoridad
Violación de derechos humanos en ejercicio del cargo
El derecho disciplinario colombiano es clave para fortalecer la confianza institucional y asegurar que la función pública se ejerza con transparencia y responsabilidad. Es un sistema en constante evolución que busca equilibrar el control institucional con la garantía de derechos fundamentales.
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